El conflicto armado colombiano ha girado en torno al narcotráfico en las últimas décadas. Por esta razón, la erradicación de cultivos ilícitos es una tarea de altísimo riesgo que sólo puede ser desempeñada por la Fuerza Pública.
Pese a ello, el Estado colombiano ha contratado a miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad con el fin de que erradiquen de forma manual los cultivos ilícitos que se encuentran diseminados en las zonas más conflictivas del país.
En desarrollo de estas operaciones, es frecuente que exploten minas antipersona instaladas dentro de los cultivos, causando la muerte o graves lesiones a los civiles que se encuentran desempeñando tareas privativas de las fuerzas armadas.
“
es frecuente que exploten minas antipersona instaladas dentro de los cultivos
“
Representamos a las víctimas de estos artefactos explosivos y a sus familias en una demanda contra el Estado colombiano, con el fin de que repare los daños causados a unos ciudadanos que vieron su vida destrozada por una mala práctica del Estado.
De igual manera, también existe responsabilidad del Estado por los daños causados a ciudadanos por artefactos explosivos instalados en los alrededores de batallones o de lugares de paso de la Fuerza Pública. Los demás casos de daños o muertes por minas antipersona se pueden examinar bajo la óptica de las obligaciones convencionales del Estado colombiano en virtud del Tratado de Ottawa.
¿Cómo podemos ayudarle?
Si tienes dudas sobre nuestro servicio, puedes llamarnos de lunes a viernes de 8:00a.m. a 12:00a.m. y 1:00p.m. a 5:00p.m.