De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 6.000 personas fueron víctimas de homicidios, desapariciones, torturas, desplazamientos y amenazas contra dirigentes y simpatizantes del partido político Unión Patriótica, nacido como alternativa a los tradicionales partidos políticos colombianos.

La participación directa de agentes del Estado en algunos casos, así como la complicidad o la total omisión de protección en otros, estructura la responsabilidad del Estado colombiano por estos hechos.


Actualmente representamos a decenas de familias víctimas de este exterminio en los procesos penales, demandas de reparación directa y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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